Sentencia A. 2036/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2036/24

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 2036 de 2024

 

Referencia: expediente ICC-4862

Conflicto de competencia aparente suscitado entre el Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado 075 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad.

                                         Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

Bogotá D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

 

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, la Sala Plena de la Corte Constitucional profiere el siguiente:

 

AUTO

 

Aclaración preliminar

En este caso, la Corte estudia un conflicto de competencia que involucra materias sensibles relacionadas con la salud de la accionante. Por este motivo, como medida de protección de su intimidad, la Sala no publicará los datos que permitan su identificación[1] y en lugar de hacer referencia a su nombre, se utilizará uno ficticio.

I.                  ANTECEDENTES

1. El 14 de noviembre de 2024, Catalina presentó una acción de tutela contra la Nueva EPS y solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna[2]. La actora señaló que fue diagnosticada con “cáncer deseno” y por esta razón el médico tratante emitió orden médica para realizarle exámenes médicos y un tratamiento de “biopsia y otros”[3].

 

2. El asunto le correspondió al Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá [4], el cual, mediante Auto del 14 de noviembre de 2024, rechazó el conocimiento de la acción de tutela. Fundamentó su decisión en el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021[5]. Indicó que la entidad accionada, al ser una sociedad de economía mixta, y “su capital estatal es inferior al 50%, lo cual no la categoriza en una entidad pública, en virtud de su composición accionaria”[6]. Por lo tanto, ordenó la remisión del expediente a los jueces municipales de la ciudad.

 

3. Efectuado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 075 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el cual, mediante Auto del 15 de noviembre de 2024, se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de la referencia, propuso un conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión del asunto a esta Corporación[7]. Señaló que en virtud del Auto 109 de 2008 de la Corte Constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría[8].

 

4. El expediente se envió a esta Corporación el 15 de noviembre de 2024, se repartió al magistrado sustanciador el 20 de noviembre y se remitió al despacho, el 21 de noviembre siguiente.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

5. Por regla general, la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley Estatutaria 270 de 1996^[9]. Asimismo, que la competencia de este Tribunal para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[10]. En consecuencia, solo se activa cuando las normas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o cuando a pesar de que se encuentre prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela. Esto con el fin de brindarles a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo^[11].

 

6. En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por conducto de las salas mixtas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, pues las autoridades judiciales en disputa forman parte de la jurisdicción ordinaria y pertenecen al mismo distrito judicial[12]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio ^[13].

 

7. De conformidad con los artículos 86 y 8º transitorio del título transitorio de la Constitución^[14] y los artículos 32 y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Corporación reitera que existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela. El factor territorial, en virtud del cual son competentes a prevención los jueces con competencia territorial en el lugar donde: (i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (ii) donde se produzcan sus efectos^[15]. El factor subjetivo que opera en las acciones de tutela interpuestas en contra de: (i) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (ii) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz. Por último, el factor funcional que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela. Esto implica que únicamente pueden conocer de aquella las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente en los términos establecidos en la jurisprudencia[16].

 

8. Según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021) no constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino pautas de reparto de las acciones de tutela. El parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. Esta forma de proceder se opone principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[17].

 

9. Adicionalmente, este Tribunal ha señalado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[18].

 

III.           CASO CONCRETO

 

10. En el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia porque el Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, determinó que no era competente para conocer la acción de tutela con fundamento en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), es decir, se apartó de su conocimiento con fundamento en reglas de reparto y con ello, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección oportuna de los derechos fundamentales de la accionante.

 

11. En consecuencia, la Corte concluye que el Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá está en la obligación de tramitar la acción de tutela presentada por la señora Catalina. Lo anterior por ser la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto. En ese sentido, dejará sin efectos el Auto del 14 de noviembre de 2024 proferido por el juzgado y le remitirá el expediente ICC-4862 para que, de forma inmediata, continúe el trámite y decida sobre el amparo promovido.

 

12. Asimismo, le advertirá para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remitan el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018. Adicionalmente, esta Corporación advertirá a ese despacho para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de simple reparto, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de esta Corporación.

 

IV.            DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 14 de noviembre de 2024 proferido por el Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Catalina en contra de la Nueva EPS.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4862 al Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.

Tercero. ADVERTIR al Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para que en lo sucesivo, se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, pone en riesgo la eficacia de los derechos fundamentales y afecta la efectividad de la acción de tutela.

Cuarto. ADVERTIR al Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para que en lo sucesivo, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

Quinto. Por la Secretaría General de esta Corte, COMUNICAR la presente decisión a la accionante, al Juzgado 047 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y al Juzgado 075 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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